En Argentina, la matriz energética sigue siendo predominantemente dependiente de los combustibles fósiles, pero el biogás comienza a posicionarse como una alternativa viable. Un ejemplo destacado es el de Bioeléctrica, una empresa que ha dedicado diez años a transformar residuos orgánicos de la industria y la ganadería en electricidad. Actualmente, cuenta con presencia en diez provincias y sostiene más del 30% del mercado nacional.
El modelo surgió en Río Cuarto, aprovechando un subproducto del etanol, y se ha extendido por el centro y el norte del país, bajo una premisa firme: los desechos generados por la actividad agropecuaria e industrial representan una fuente de energía aún sin explotar. Javier Schifani, gerente de la compañía, y Charly Karamanian, cofundador de Cinnid Innovation Partners, han sido clave en este proceso.
Schifani relató que Bioeléctrica se originó en el contexto del proceso de producción de BIO4, la empresa matriz establecida bajo la ley de biocombustibles de 2006. “La producción de etanol generaba un subproducto rico en carga orgánica y carbono. A partir de eso, un conjunto de productores y más de 26 socios nos sugirieron explorar su utilización”, comentó. La respuesta llegó en 2015, cuando su primer proyecto de biogás se convirtió en el primero en inyectar energía eléctrica al sistema interconectado nacional.
Desde entonces, Bioeléctrica ha participado en la implementación de diez proyectos adicionales, consolidando su presencia en provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Misiones, Salta, Chubut y San Juan, donde se encuentra en construcción una nueva planta.
El gerente describió la tecnología de biodigestión anaeróbica como “un gran rumen, un gran estómago que procesa el carbono que originalmente estaba en la atmósfera”. El insumo no solo proviene de la ganadería bovina, porcina o avícola, sino también de la industria alimentaria, que incluye frigoríficos y la producción de galletas, alfajores y fideos. “Si no se gestionan adecuadamente, estos desechos terminan en enterramientos sanitarios, donde se emiten gases de efecto invernadero”, advirtió Schifani.
Por su parte, Karamanian destacó el financiamiento como un problema histórico del sector. “Los proyectos renovables requieren entre dos y cinco años en promedio para desarrollarse, y durante ese tiempo es fundamental que exista un modelo de repago”, afirmó el cofundador de Cinnid. Con la reciente sincerización tarifaria, estas proyecciones comienzan a ser factibles, habilitando proyectos que antes no encontraban viabilidad económica.
Además, Karamanian mencionó la presión de los mercados de exportación, especialmente los europeos, sobre el origen energético en los procesos industriales. “Para ser competitivos en el ámbito internacional, los productos destinados a la exportación a países europeos deben cumplir con controles ambientales y tener en cuenta su huella de carbono”, enfatizó.
El modelo surgió en Río Cuarto, aprovechando un subproducto del etanol, y se ha extendido por el centro y el norte del país, bajo una premisa firme: los desechos generados por la actividad agropecuaria e industrial representan una fuente de energía aún sin explotar. Javier Schifani, gerente de la compañía, y Charly Karamanian, cofundador de Cinnid Innovation Partners, han sido clave en este proceso.
Schifani relató que Bioeléctrica se originó en el contexto del proceso de producción de BIO4, la empresa matriz establecida bajo la ley de biocombustibles de 2006. “La producción de etanol generaba un subproducto rico en carga orgánica y carbono. A partir de eso, un conjunto de productores y más de 26 socios nos sugirieron explorar su utilización”, comentó. La respuesta llegó en 2015, cuando su primer proyecto de biogás se convirtió en el primero en inyectar energía eléctrica al sistema interconectado nacional.
Desde entonces, Bioeléctrica ha participado en la implementación de diez proyectos adicionales, consolidando su presencia en provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Misiones, Salta, Chubut y San Juan, donde se encuentra en construcción una nueva planta.
El gerente describió la tecnología de biodigestión anaeróbica como “un gran rumen, un gran estómago que procesa el carbono que originalmente estaba en la atmósfera”. El insumo no solo proviene de la ganadería bovina, porcina o avícola, sino también de la industria alimentaria, que incluye frigoríficos y la producción de galletas, alfajores y fideos. “Si no se gestionan adecuadamente, estos desechos terminan en enterramientos sanitarios, donde se emiten gases de efecto invernadero”, advirtió Schifani.
Por su parte, Karamanian destacó el financiamiento como un problema histórico del sector. “Los proyectos renovables requieren entre dos y cinco años en promedio para desarrollarse, y durante ese tiempo es fundamental que exista un modelo de repago”, afirmó el cofundador de Cinnid. Con la reciente sincerización tarifaria, estas proyecciones comienzan a ser factibles, habilitando proyectos que antes no encontraban viabilidad económica.
Además, Karamanian mencionó la presión de los mercados de exportación, especialmente los europeos, sobre el origen energético en los procesos industriales. “Para ser competitivos en el ámbito internacional, los productos destinados a la exportación a países europeos deben cumplir con controles ambientales y tener en cuenta su huella de carbono”, enfatizó.
