Luego de que el Gobierno se manifestara sobre la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, condicionando su aprobación a una serie de medidas de remediación, el miércoles se nombró al agente que supervisará el proceso de desinversión. La exigencia más destacada es la transferencia de seis millones de clientes de telefonía móvil.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, la consultora seleccionada de una terna propuesta por Telecom fue Together Business Consulting, que cuenta con el respaldo de la red internacional Nexia.
En su perfil de LinkedIn, Together Business Consulting se describe como una consultora boutique que se especializa en management y transformación de negocios, abarcando áreas como cultura organizacional, sostenibilidad, atención al cliente, procesos, tecnología, finanzas y operaciones. Sus socios principales son Guillermo Ocampos, José Luis Aromando y Alejandro Bruzzo.
El siguiente paso consistirá en la búsqueda de posibles compradores para los clientes que Telecom deberá vender. En el sector ya hay interesados del exterior, así como de Telecentro, de Alberto Pierri. Las ofertas serán analizadas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que tendrá la palabra final sobre su aprobación.
La ANC ha establecido claramente que los seis millones de usuarios de telefonía móvil que Telecom deberá ceder no podrán ser adquiridos por Claro, el principal competidor en el mercado de telefonía móvil argentino. De este total, cuatro millones pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los otros dos millones al resto del país, sin una distribución geográfica específica.
En cuanto a la clientela de banda ancha fija que deberá ser transferida en aquellas localidades donde la participación del nuevo conglomerado supere el 50%, las restricciones son menos severas y se permite vender a diferentes operadores.
Según los plazos establecidos, este proceso de desinversión podría prolongarse hasta dos años.
En un comunicado en LinkedIn, la ANC había manifestado que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.
“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, añadió el organismo.
En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había cuestionado la operación al identificar “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”, señalando concretamente que el segmento de telefonía móvil podría quedar “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.
Desde Telecom afirmaron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación conforme al artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque consideraron “excesivas” las medidas de remediación impuestas. A pesar de ello, la empresa no ha presentado, por el momento, un recurso judicial y se encuentra en proceso de cumplir con las pautas establecidas por la ANC.
Consultadas sobre la designación del agente de supervisión, fuentes de la empresa indicaron que no contaban con información actualizada.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, la consultora seleccionada de una terna propuesta por Telecom fue Together Business Consulting, que cuenta con el respaldo de la red internacional Nexia.
En su perfil de LinkedIn, Together Business Consulting se describe como una consultora boutique que se especializa en management y transformación de negocios, abarcando áreas como cultura organizacional, sostenibilidad, atención al cliente, procesos, tecnología, finanzas y operaciones. Sus socios principales son Guillermo Ocampos, José Luis Aromando y Alejandro Bruzzo.
El siguiente paso consistirá en la búsqueda de posibles compradores para los clientes que Telecom deberá vender. En el sector ya hay interesados del exterior, así como de Telecentro, de Alberto Pierri. Las ofertas serán analizadas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que tendrá la palabra final sobre su aprobación.
La ANC ha establecido claramente que los seis millones de usuarios de telefonía móvil que Telecom deberá ceder no podrán ser adquiridos por Claro, el principal competidor en el mercado de telefonía móvil argentino. De este total, cuatro millones pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los otros dos millones al resto del país, sin una distribución geográfica específica.
En cuanto a la clientela de banda ancha fija que deberá ser transferida en aquellas localidades donde la participación del nuevo conglomerado supere el 50%, las restricciones son menos severas y se permite vender a diferentes operadores.
Según los plazos establecidos, este proceso de desinversión podría prolongarse hasta dos años.
En un comunicado en LinkedIn, la ANC había manifestado que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.
“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, añadió el organismo.
En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había cuestionado la operación al identificar “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”, señalando concretamente que el segmento de telefonía móvil podría quedar “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.
Desde Telecom afirmaron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación conforme al artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque consideraron “excesivas” las medidas de remediación impuestas. A pesar de ello, la empresa no ha presentado, por el momento, un recurso judicial y se encuentra en proceso de cumplir con las pautas establecidas por la ANC.
Consultadas sobre la designación del agente de supervisión, fuentes de la empresa indicaron que no contaban con información actualizada.
