El cierre del Mundial ha dejado una sensación ambivalente en la población, entre el reconocimiento a la selección y la amargura por el resultado final. Con el ámbito deportivo atrás, la atención se dirige nuevamente a la política. A pesar de que el Congreso se apresta a comenzar sus vacaciones de invierno, el oficialismo se encuentra bajo presión para cerrar acuerdos y avanzar en su agenda legislativa, ya que los retrasos comprometen su intención de recuperar el control sobre la misma. Las internas políticas, que se mantienen vivas, también afectan el ejercicio legislativo, generando frustraciones.
Sin embargo, las tensiones internas no son exclusivas del oficialismo. El peronismo/K sigue enfrascado en un conflicto interno, particularmente entre el sector de Cristina Fernández de Kirchner y la estructura liderada por Axel Kicillof, una batalla que se focaliza en la provincia de Buenos Aires. El sector del PJ más tradicional, que no pertenece a esta región, avanza con lentitud y aún no ha definido su estrategia ni ha potenciado alternativas.
La crisis del peronismo, a pesar de su magnitud, no altera significativamente el entorno legislativo. En el Congreso, algunos bloques han comenzado a experimentar bajas en sus integrantes, vinculados a jefes provinciales que cada uno negocia de forma independiente con el Ejecutivo. La dispersión de esos interlocutores se convierte en un desafío para el Gobierno, que busca cerrar acuerdos y avanzar en proyectos clave, como la reforma electoral, considerada urgente para sus aspiraciones de reelección.
La labor de Diego Santilli, el principal operador, enfrenta múltiples complejidades. En primer lugar, están las demandas de las provincias, que lidian con problemas de financiamiento debido a la caída de la recaudación nacional y, en algunos casos, también por la disminución de ingresos locales. El primer semestre cerró con resultados negativos en materia de co-participación, y aunque las proyecciones de mejora para julio son afortunadamente más optimistas tras la caída de junio, la situación sigue siendo crítica.
El segundo factor es el nebuloso panorama electoral. Las discusiones han comenzado a entrelazar las cuestiones electorales de cada provincia con las cuestiones económicas. Desde el entorno de la secretaria General se sostiene que, durante las elecciones para gobernadores, la Libertad Avanza no obstaculizaría a los jefes provinciales que lleguen a un acuerdo con el Gobierno. A pesar de esto, persisten recelos que impactan en el Congreso, incluso entre legisladores cercanos a las autoridades provinciales que no están alineados con ellos.
En Diputados, la capacidad de coordinar desde las provincias parece desvanecerse debido al contexto de negociaciones con el Gobierno nacional. La situación es aún más complicada en el Senado, bajo la dirección de Martín Menem, donde los intentos de avance no facilitan la aprobación de iniciativas, especialmente en medio de las tensiones internas relacionadas con Patricia Bullrich. Estas circunstancias reflejan los límites de la intervención de Karina Milei, quien busca gestionar a través de algunos senadores alineados y de las gestiones de Eduardo “Lule” Menem.
En la Cámara alta, se acumulan numerosas propuestas del Ejecutivo. La reforma electoral y la eliminación de subsidios al gas en zonas frías son parte del paquete prioritario, junto a la nueva versión de la Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que aún se encuentran en fase de elaboración. La estrategia es acelerar la redacción de estos textos, se espera que el anuncio sobre el BCRA sea el primero, a pesar de que el Congreso no será reactivado hasta agosto.
De momento, la primera semana de agosto se ha agendado una sesión para considerar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ha sido objeto de numerosas postergaciones y modificaciones, lo que ha intensificado las tensiones dentro del oficialismo y generado descontento entre los aliados.
Patricia Bullrich, tras enfrentar un fuerte cruce con Victoria Villarruel, ha sido criticada por allegados a Karina Milei, quien ha estado en contacto constante con el bloque libertario y otros aliados, incluyendo al reducido grupo del PRO. En relación al proyecto sobre propiedad privada, también se han manifestado críticas hacia Federico Sturzenegger desde el ámbito de la ex ministra.
El oficialismo ahora busca reestructurarse, al menos en lo que respecta a sus prioridades y a la distribución de responsabilidades entre ambas cámaras. La lista de iniciativas para el Senado incluye, además de las mencionadas, propuestas que ya cuentan con aprobación en Diputados, como la segunda entrega del RIGI y la ley Hojarasca. Mientras tanto, la Cámara baja tiene una agenda menos cargada, a excepción de una norma controvertida sobre la regulación del lobby. Se espera que estos textos aborden temas significativos y, como es habitual, se presentará más adelante el Presupuesto 2027.
Finalmente, se prevé la inclusión de la reforma sobre el Banco Central, que ha sido mediáticamente destacada por Javier Milei, y la Inocencia Fiscal II, muy demandada por la cartera de Economía. El Gobierno deberá definir su estrategia de negociaciones con los jefes provinciales, optando por tratar con ellos uno a uno o en conjunto. Este aspecto es crucial y, hasta el momento, la situación sigue sin resolverse. La presión aumentará a medida que se disipe el fervor por el Mundial. A pesar del interés colectivo generado por el torneo, el Gobierno no logró capitalizar ese impulso, especialmente ante el impacto del tema Malvinas, lo que generó descontento en Adrián Ravier durante su debut como vocero. Otro foco de atención en un panorama interno siempre cargado.
Sin embargo, las tensiones internas no son exclusivas del oficialismo. El peronismo/K sigue enfrascado en un conflicto interno, particularmente entre el sector de Cristina Fernández de Kirchner y la estructura liderada por Axel Kicillof, una batalla que se focaliza en la provincia de Buenos Aires. El sector del PJ más tradicional, que no pertenece a esta región, avanza con lentitud y aún no ha definido su estrategia ni ha potenciado alternativas.
La crisis del peronismo, a pesar de su magnitud, no altera significativamente el entorno legislativo. En el Congreso, algunos bloques han comenzado a experimentar bajas en sus integrantes, vinculados a jefes provinciales que cada uno negocia de forma independiente con el Ejecutivo. La dispersión de esos interlocutores se convierte en un desafío para el Gobierno, que busca cerrar acuerdos y avanzar en proyectos clave, como la reforma electoral, considerada urgente para sus aspiraciones de reelección.
La labor de Diego Santilli, el principal operador, enfrenta múltiples complejidades. En primer lugar, están las demandas de las provincias, que lidian con problemas de financiamiento debido a la caída de la recaudación nacional y, en algunos casos, también por la disminución de ingresos locales. El primer semestre cerró con resultados negativos en materia de co-participación, y aunque las proyecciones de mejora para julio son afortunadamente más optimistas tras la caída de junio, la situación sigue siendo crítica.
El segundo factor es el nebuloso panorama electoral. Las discusiones han comenzado a entrelazar las cuestiones electorales de cada provincia con las cuestiones económicas. Desde el entorno de la secretaria General se sostiene que, durante las elecciones para gobernadores, la Libertad Avanza no obstaculizaría a los jefes provinciales que lleguen a un acuerdo con el Gobierno. A pesar de esto, persisten recelos que impactan en el Congreso, incluso entre legisladores cercanos a las autoridades provinciales que no están alineados con ellos.
En Diputados, la capacidad de coordinar desde las provincias parece desvanecerse debido al contexto de negociaciones con el Gobierno nacional. La situación es aún más complicada en el Senado, bajo la dirección de Martín Menem, donde los intentos de avance no facilitan la aprobación de iniciativas, especialmente en medio de las tensiones internas relacionadas con Patricia Bullrich. Estas circunstancias reflejan los límites de la intervención de Karina Milei, quien busca gestionar a través de algunos senadores alineados y de las gestiones de Eduardo “Lule” Menem.
En la Cámara alta, se acumulan numerosas propuestas del Ejecutivo. La reforma electoral y la eliminación de subsidios al gas en zonas frías son parte del paquete prioritario, junto a la nueva versión de la Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que aún se encuentran en fase de elaboración. La estrategia es acelerar la redacción de estos textos, se espera que el anuncio sobre el BCRA sea el primero, a pesar de que el Congreso no será reactivado hasta agosto.
De momento, la primera semana de agosto se ha agendado una sesión para considerar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ha sido objeto de numerosas postergaciones y modificaciones, lo que ha intensificado las tensiones dentro del oficialismo y generado descontento entre los aliados.
Patricia Bullrich, tras enfrentar un fuerte cruce con Victoria Villarruel, ha sido criticada por allegados a Karina Milei, quien ha estado en contacto constante con el bloque libertario y otros aliados, incluyendo al reducido grupo del PRO. En relación al proyecto sobre propiedad privada, también se han manifestado críticas hacia Federico Sturzenegger desde el ámbito de la ex ministra.
El oficialismo ahora busca reestructurarse, al menos en lo que respecta a sus prioridades y a la distribución de responsabilidades entre ambas cámaras. La lista de iniciativas para el Senado incluye, además de las mencionadas, propuestas que ya cuentan con aprobación en Diputados, como la segunda entrega del RIGI y la ley Hojarasca. Mientras tanto, la Cámara baja tiene una agenda menos cargada, a excepción de una norma controvertida sobre la regulación del lobby. Se espera que estos textos aborden temas significativos y, como es habitual, se presentará más adelante el Presupuesto 2027.
Finalmente, se prevé la inclusión de la reforma sobre el Banco Central, que ha sido mediáticamente destacada por Javier Milei, y la Inocencia Fiscal II, muy demandada por la cartera de Economía. El Gobierno deberá definir su estrategia de negociaciones con los jefes provinciales, optando por tratar con ellos uno a uno o en conjunto. Este aspecto es crucial y, hasta el momento, la situación sigue sin resolverse. La presión aumentará a medida que se disipe el fervor por el Mundial. A pesar del interés colectivo generado por el torneo, el Gobierno no logró capitalizar ese impulso, especialmente ante el impacto del tema Malvinas, lo que generó descontento en Adrián Ravier durante su debut como vocero. Otro foco de atención en un panorama interno siempre cargado.
