Una jueza en la provincia de Río Negro ha emitido una orden para que una comunidad mapuche entregue de manera voluntaria dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, situado a pocos kilómetros de El Bolsón. Esta decisión se produjo tras un proceso judicial que validó la documentación presentada por los demandantes, quienes buscan la restitución de estos terrenos.
La jueza Paola Bernardini, a cargo del Juzgado Civil N° 11 de El Bolsón, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para abandonar las tierras, que históricamente han llevado el nombre de la comunidad.
Las órdenes de desalojo fueron notificadas, la primera a mediados de mayo y la segunda a finales del mismo mes. Ambas decisiones surgieron a partir de denuncias en las que se alega que la comunidad ocupa estos terrenos de manera irregular.
Entre los denunciantes se encuentra el ex intendente de El Bolsón, Félix Argentino Merino, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, un esfuerzo que no tuvo éxito en aquella ocasión.
Los miembros de la lof Inalef defienden su permanencia en la zona, calificando su historia como “histórica” y argumentando que quienes impulsan estas acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.
Orlando Carriqueo, portavoz de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, destacó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.
El dirigente admitió que la comunidad no tiene documentación formal que acredite su presencia en el territorio, lo que explicó por el contexto histórico en el que muchos mapuches desconocían la normativa y no contaban con educación formal, impidiendo así la gestión correspondiente.
Carriqueo también subrayó que los denunciantes “tampoco exhiben escrituras, sino únicamente boletos de compraventa”.
En un comunicado, la comunidad Inalef acusó a Merino de promover el desalojo con el fin de vender las tierras y obtener beneficios personales, sin considerar su valor espiritual, cultural ni familiar.
“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, afirmaron.
En el segundo caso que motivó el desalojo, el demandante es Juan Lux Auroux, quien ha tenido conflictos con miembros de la familia Inalef que abarcan tanto la titularidad de las tierras como cuestiones contractuales y de convivencia.
La lof Inalef ha exigido la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtieron: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.
La familia, que enfrenta otros conflictos territoriales en la región, ha buscado desde 2012 finalizar un relevamiento territorial para probar su preexistencia en el área, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó dicho proceso.
Los demandantes aún no han hecho declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales, aunque confían en que se ejecuten las sentencias, a pesar de que existen recursos legales que podrían ser utilizados para intentar frenar los desalojos.
La jueza Paola Bernardini, a cargo del Juzgado Civil N° 11 de El Bolsón, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para abandonar las tierras, que históricamente han llevado el nombre de la comunidad.
Las órdenes de desalojo fueron notificadas, la primera a mediados de mayo y la segunda a finales del mismo mes. Ambas decisiones surgieron a partir de denuncias en las que se alega que la comunidad ocupa estos terrenos de manera irregular.
Entre los denunciantes se encuentra el ex intendente de El Bolsón, Félix Argentino Merino, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, un esfuerzo que no tuvo éxito en aquella ocasión.
Los miembros de la lof Inalef defienden su permanencia en la zona, calificando su historia como “histórica” y argumentando que quienes impulsan estas acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.
Orlando Carriqueo, portavoz de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, destacó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.
El dirigente admitió que la comunidad no tiene documentación formal que acredite su presencia en el territorio, lo que explicó por el contexto histórico en el que muchos mapuches desconocían la normativa y no contaban con educación formal, impidiendo así la gestión correspondiente.
Carriqueo también subrayó que los denunciantes “tampoco exhiben escrituras, sino únicamente boletos de compraventa”.
En un comunicado, la comunidad Inalef acusó a Merino de promover el desalojo con el fin de vender las tierras y obtener beneficios personales, sin considerar su valor espiritual, cultural ni familiar.
“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, afirmaron.
En el segundo caso que motivó el desalojo, el demandante es Juan Lux Auroux, quien ha tenido conflictos con miembros de la familia Inalef que abarcan tanto la titularidad de las tierras como cuestiones contractuales y de convivencia.
La lof Inalef ha exigido la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtieron: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.
La familia, que enfrenta otros conflictos territoriales en la región, ha buscado desde 2012 finalizar un relevamiento territorial para probar su preexistencia en el área, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó dicho proceso.
Los demandantes aún no han hecho declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales, aunque confían en que se ejecuten las sentencias, a pesar de que existen recursos legales que podrían ser utilizados para intentar frenar los desalojos.
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