El Tribunal Oral Federal N°5 ha reanudado la lectura de las acusaciones que la fiscalía formula contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el marco del juicio Hotesur y Los Sauces. Ambos están siendo juzgados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
El proceso, que inició el viernes, se encuentra a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La causa reúne, por orden de la Cámara de Casación Penal, las dos investigaciones en curso contra los acusados. Tanto Cristina como Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, contaron con el beneficio de participar de manera virtual en esta primera audiencia. Sin embargo, el presidente del tribunal destacó que esta modalidad es “excepcional” y que deberán comparecer de forma presencial para las indagatorias.
En la exposición inicial, la Fiscalía subrayó que los delitos que se imputan a los acusados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, involucrando a funcionarios y empresarios en un esquema destinado a “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.
Según la acusación, “la asociación criminal investigada canalizó una parte de lo que era sustraído al Estado nacional mediante la obra pública vial a través del pago de dádivas” a los expresidentes y su círculo familiar.
La fiscalía sostiene que existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, liderada por los expresidentes, cada uno con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.
Los fiscales señalaron que los planes criminales no solo implicaban beneficios a favor de empresarios aliados como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que también desarrollaron un sistema para trasladar y ocultar parte de las ganancias hacia la familia Kirchner a través de préstamos, adquisición de propiedades y alquiler de sus complejos hoteleros.
En relación con la maniobra de lavado de dinero, se establece que Néstor y Cristina Kirchner “adquirieron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito” proveniente de la actividad de las empresas de Báez y del Grupo Indalo en el sector hotelero e inmobiliario.
La resolución indica que cada miembro de la asociación tuvo un papel y contribuyó a la misma. En el caso de Cristina Kirchner, se menciona que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema para “reciclar fondos de origen ilícito”. Junto con Néstor y Máximo Kirchner, establecieron la inmobiliaria Los Sauces S.A., con la que adquirieron varias propiedades, entre ellas el departamento ubicado en San José 1111, en Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria debido a la condena por la causa Vialidad.
Por su parte, Máximo Kirchner, diputado nacional por Unión por la Patria, es señalado como organizador de la supuesta asociación ilícita y fue nombrado presidente del directorio de la empresa familiar. Junto a él, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa también enfrentan cargos por su rol en la organización.
El proceso, que inició el viernes, se encuentra a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La causa reúne, por orden de la Cámara de Casación Penal, las dos investigaciones en curso contra los acusados. Tanto Cristina como Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, contaron con el beneficio de participar de manera virtual en esta primera audiencia. Sin embargo, el presidente del tribunal destacó que esta modalidad es “excepcional” y que deberán comparecer de forma presencial para las indagatorias.
En la exposición inicial, la Fiscalía subrayó que los delitos que se imputan a los acusados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, involucrando a funcionarios y empresarios en un esquema destinado a “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.
Según la acusación, “la asociación criminal investigada canalizó una parte de lo que era sustraído al Estado nacional mediante la obra pública vial a través del pago de dádivas” a los expresidentes y su círculo familiar.
La fiscalía sostiene que existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, liderada por los expresidentes, cada uno con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.
Los fiscales señalaron que los planes criminales no solo implicaban beneficios a favor de empresarios aliados como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que también desarrollaron un sistema para trasladar y ocultar parte de las ganancias hacia la familia Kirchner a través de préstamos, adquisición de propiedades y alquiler de sus complejos hoteleros.
En relación con la maniobra de lavado de dinero, se establece que Néstor y Cristina Kirchner “adquirieron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito” proveniente de la actividad de las empresas de Báez y del Grupo Indalo en el sector hotelero e inmobiliario.
La resolución indica que cada miembro de la asociación tuvo un papel y contribuyó a la misma. En el caso de Cristina Kirchner, se menciona que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema para “reciclar fondos de origen ilícito”. Junto con Néstor y Máximo Kirchner, establecieron la inmobiliaria Los Sauces S.A., con la que adquirieron varias propiedades, entre ellas el departamento ubicado en San José 1111, en Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria debido a la condena por la causa Vialidad.
Por su parte, Máximo Kirchner, diputado nacional por Unión por la Patria, es señalado como organizador de la supuesta asociación ilícita y fue nombrado presidente del directorio de la empresa familiar. Junto a él, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa también enfrentan cargos por su rol en la organización.
