La Oficina Anticorrupción ha decidido extender hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios públicos correspondientes a las obligaciones anuales de 2025. Esta prórroga fue formalizada a través de la Resolución 7/2026, la cual se publicó en el Boletín Oficial.
La medida modifica el plazo que había sido anteriormente establecido por la Resolución 3/2026, que fijaba el 31 de julio como fecha límite. Según se explicó desde el organismo, esta extensión se debe a la reciente modificación de los plazos para la presentación de las declaraciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, que fue dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La normativa aclara que, conforme la legislación vigente, las declaraciones juradas patrimoniales públicas son elaboradas a partir de la información que los funcionarios presentan ante la ARCA. Para aquellos que tributan por Ganancias y Bienes Personales, el sistema captura esta información automáticamente mediante la Clave Fiscal, mientras que quienes no están sujetos a estos impuestos deben ingresar los datos manualmente.
La resolución también indica que la ARCA ha determinado excepcionalmente el 27 de julio de 2026 como nuevo plazo para las declaraciones impositivas correspondientes al período fiscal 2025. De este modo, el tiempo disponible entre este trámite y la presentación de la declaración patrimonial se reduciría a solo cuatro días.
Ante esta situación, la Oficina Anti-corrupción argumentó que dicho plazo resulta insuficiente para que los funcionarios carguen, revisen y validen toda la información patrimonial, sobre todo teniendo en cuenta que la Declaración Jurada Patrimonial Integral incluye datos adicionales que no figuran en las declaraciones impositivas.
Aparte de la extensión del vencimiento, la resolución responsabiliza a las áreas de personal, administración y recursos humanos de los diferentes organismos públicos de comunicar esta medida a todos los funcionarios que deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
La medida modifica el plazo que había sido anteriormente establecido por la Resolución 3/2026, que fijaba el 31 de julio como fecha límite. Según se explicó desde el organismo, esta extensión se debe a la reciente modificación de los plazos para la presentación de las declaraciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, que fue dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La normativa aclara que, conforme la legislación vigente, las declaraciones juradas patrimoniales públicas son elaboradas a partir de la información que los funcionarios presentan ante la ARCA. Para aquellos que tributan por Ganancias y Bienes Personales, el sistema captura esta información automáticamente mediante la Clave Fiscal, mientras que quienes no están sujetos a estos impuestos deben ingresar los datos manualmente.
La resolución también indica que la ARCA ha determinado excepcionalmente el 27 de julio de 2026 como nuevo plazo para las declaraciones impositivas correspondientes al período fiscal 2025. De este modo, el tiempo disponible entre este trámite y la presentación de la declaración patrimonial se reduciría a solo cuatro días.
Ante esta situación, la Oficina Anti-corrupción argumentó que dicho plazo resulta insuficiente para que los funcionarios carguen, revisen y validen toda la información patrimonial, sobre todo teniendo en cuenta que la Declaración Jurada Patrimonial Integral incluye datos adicionales que no figuran en las declaraciones impositivas.
Aparte de la extensión del vencimiento, la resolución responsabiliza a las áreas de personal, administración y recursos humanos de los diferentes organismos públicos de comunicar esta medida a todos los funcionarios que deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
