El ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta recaudar US$ 2.300 millones mediante la privatización de empresas entre 2026 y 2027. Esta estrategia, según el funcionario, se convertirá en un pilar fundamental para cumplir con los compromisos de deuda, tal como se expuso en la presentación realizada recientemente en el Palacio de Hacienda.
Caputo ya logró la venta de acciones del Estado en Transener, que generó más de US$ 300 millones. El ministro espera que en 2026 se concrete la privatización de Aguas y Saneamientos (AySA) y la participación en las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano. “Puede que se concrete incluso antes de fin de año, pero, de manera conservadora, estimamos que sucederá el año próximo”, manifestó el ministro.
Sin embargo, la lista de privatizaciones y concesiones es extensa, en un proceso que ha presentado desafíos para el Gobierno. En relación a AySA, la empresa que brinda servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y cuenta con más de 3.787.000 usuarios, se prevé la venta del 90% del paquete accionario. Un informe de una agencia de bolsa estima que se podrían recaudar US$ 500 millones de esta operación.
La misma cifra se estima para la venta de las centrales San Martín y Manuel Belgrano, situadas en Campana (provincia de Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), respectivamente. Energía Argentina, la empresa estatal, posee el 68% de la participación en San Martín y el 65% en Manuel Belgrano. Varias compañías del sector han expresado su interés en estas centrales, incluyendo a Edison Energía, que ha crecido rápidamente gracias a concesiones y privatizaciones.
El Gobierno también tenía la intención de vender Intercargo, que gestiona servicios en los aeropuertos, estableciendo un precio base de licitación de US$ 45,1 millones por el 100% del capital accionario. Aunque cinco empresas mostraron interés, ninguna presentó la documentación necesaria para la licitación que se realizó el 25 de junio.
La lista de posibles privatizaciones incluye a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Aquí, se prevé que el Estado mantenga el control o la participación mayoritaria, lo que limitaría la privatización a menos del 50%.
Además, se consideran varias concesiones, como la licitación de 9 mil kilómetros de rutas y otros 6 mil kilómetros que se planea licitar en los próximos meses. Aunque estos procesos no generarían una recaudación directa significativa, Caputo declaró que “mejorarán mucho la infraestructura” y aumentarán la “competitividad”.
En relación al Belgrano Cargas, además de la concesión operativa, habrá venta de material. Sin embargo, se ha indicado que los ingresos derivados de estas ventas se destinarán a un Fideicomiso para financiar parcialmente el plan de inversiones obligatorias.
De acuerdo a la legislación aprobada por el Congreso en 2024 en el marco de la Ley Bases, también están sujetas a privatización la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y los activos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque hasta el momento no se han registrado avances en estos casos.
Las proyecciones del Gobierno, que Caputo considera “conservadoras”, anticipan ingresos de US$ 800 millones por privatizaciones para este año y US$ 1.500 millones para 2027.
Caputo ya logró la venta de acciones del Estado en Transener, que generó más de US$ 300 millones. El ministro espera que en 2026 se concrete la privatización de Aguas y Saneamientos (AySA) y la participación en las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano. “Puede que se concrete incluso antes de fin de año, pero, de manera conservadora, estimamos que sucederá el año próximo”, manifestó el ministro.
Sin embargo, la lista de privatizaciones y concesiones es extensa, en un proceso que ha presentado desafíos para el Gobierno. En relación a AySA, la empresa que brinda servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y cuenta con más de 3.787.000 usuarios, se prevé la venta del 90% del paquete accionario. Un informe de una agencia de bolsa estima que se podrían recaudar US$ 500 millones de esta operación.
La misma cifra se estima para la venta de las centrales San Martín y Manuel Belgrano, situadas en Campana (provincia de Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), respectivamente. Energía Argentina, la empresa estatal, posee el 68% de la participación en San Martín y el 65% en Manuel Belgrano. Varias compañías del sector han expresado su interés en estas centrales, incluyendo a Edison Energía, que ha crecido rápidamente gracias a concesiones y privatizaciones.
El Gobierno también tenía la intención de vender Intercargo, que gestiona servicios en los aeropuertos, estableciendo un precio base de licitación de US$ 45,1 millones por el 100% del capital accionario. Aunque cinco empresas mostraron interés, ninguna presentó la documentación necesaria para la licitación que se realizó el 25 de junio.
La lista de posibles privatizaciones incluye a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Aquí, se prevé que el Estado mantenga el control o la participación mayoritaria, lo que limitaría la privatización a menos del 50%.
Además, se consideran varias concesiones, como la licitación de 9 mil kilómetros de rutas y otros 6 mil kilómetros que se planea licitar en los próximos meses. Aunque estos procesos no generarían una recaudación directa significativa, Caputo declaró que “mejorarán mucho la infraestructura” y aumentarán la “competitividad”.
En relación al Belgrano Cargas, además de la concesión operativa, habrá venta de material. Sin embargo, se ha indicado que los ingresos derivados de estas ventas se destinarán a un Fideicomiso para financiar parcialmente el plan de inversiones obligatorias.
De acuerdo a la legislación aprobada por el Congreso en 2024 en el marco de la Ley Bases, también están sujetas a privatización la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y los activos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque hasta el momento no se han registrado avances en estos casos.
Las proyecciones del Gobierno, que Caputo considera “conservadoras”, anticipan ingresos de US$ 800 millones por privatizaciones para este año y US$ 1.500 millones para 2027.
