La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ha expresado su rechazo a la reforma tributaria sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno en su reciente informe de personal.
Este organismo, que representa al sector comercial, respalda la disminución de impuestos y la simplificación del sistema tributario que ha implementado el Ejecutivo.
No obstante, la CAC considera “necesaria” una reforma tributaria integral que “permita niveles menores de presión impositiva y una mayor neutralidad fiscal que favorezca el comercio y la actividad económica en general”.
En línea con esta posición, cuestionó la propuesta del FMI, que incluyó la ampliación de la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y un aumento en las categorías del Monotributo, así como la transferencia de algunos contribuyentes al Régimen General, todo con el objetivo de financiar la reducción de impuestos distorsivos, como el Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y los Derechos de Exportación.
La CAC argumentó que “sin un incremento de los ingresos personales, una mayor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia solo reduciría los niveles de consumo, que ya han estado estancados en los últimos meses, dificultando una recuperación de la que comienzan a verse los primeros síntomas”.
Además, añadió que “un incremento significativo del Monotributo no solo provocaría una situación similar a la descrita, sino que también llevaría a un aumento de la informalidad, generando un efecto contrario al incremento de la recaudación que se busca obtener”.
La Cámara subrayó que el éxito de cualquier reforma tributaria dependerá de la colaboración entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), que “deberán reformar sus estructuras fiscales, reduciendo el gasto y los tributos simultáneamente”.
Los impuestos sobre los Ingresos Brutos, los Sellos y las Tasas Municipales de Inspección de Seguridad e Higiene son algunos de los que mencionaron como una importante fuente de preocupación para el sector empresarial.
“La Cámara apoya la continuidad de la gradual reducción o eliminación de tributos que afectan a la producción sin comprometer la sustentabilidad fiscal ni los ingresos de los sectores medios y bajos”.
Este pronunciamiento por parte de la CAC se suma a las críticas realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual calificó las modificaciones del FMI como “regresivas” y propuso un “nuevo consenso fiscal” entre los distintos niveles de gobierno.
“Son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin abordar los impuestos distorsivos estructurales que realmente obstaculizan la inversión, la producción y el empleo formal en Argentina”, advirtió la entidad bajo la presidencia de Ricardo Diab.
El comunicado también destacó que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las diversas tasas municipales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad.
Este organismo, que representa al sector comercial, respalda la disminución de impuestos y la simplificación del sistema tributario que ha implementado el Ejecutivo.
No obstante, la CAC considera “necesaria” una reforma tributaria integral que “permita niveles menores de presión impositiva y una mayor neutralidad fiscal que favorezca el comercio y la actividad económica en general”.
En línea con esta posición, cuestionó la propuesta del FMI, que incluyó la ampliación de la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y un aumento en las categorías del Monotributo, así como la transferencia de algunos contribuyentes al Régimen General, todo con el objetivo de financiar la reducción de impuestos distorsivos, como el Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y los Derechos de Exportación.
La CAC argumentó que “sin un incremento de los ingresos personales, una mayor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia solo reduciría los niveles de consumo, que ya han estado estancados en los últimos meses, dificultando una recuperación de la que comienzan a verse los primeros síntomas”.
Además, añadió que “un incremento significativo del Monotributo no solo provocaría una situación similar a la descrita, sino que también llevaría a un aumento de la informalidad, generando un efecto contrario al incremento de la recaudación que se busca obtener”.
La Cámara subrayó que el éxito de cualquier reforma tributaria dependerá de la colaboración entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), que “deberán reformar sus estructuras fiscales, reduciendo el gasto y los tributos simultáneamente”.
Los impuestos sobre los Ingresos Brutos, los Sellos y las Tasas Municipales de Inspección de Seguridad e Higiene son algunos de los que mencionaron como una importante fuente de preocupación para el sector empresarial.
“La Cámara apoya la continuidad de la gradual reducción o eliminación de tributos que afectan a la producción sin comprometer la sustentabilidad fiscal ni los ingresos de los sectores medios y bajos”.
Este pronunciamiento por parte de la CAC se suma a las críticas realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual calificó las modificaciones del FMI como “regresivas” y propuso un “nuevo consenso fiscal” entre los distintos niveles de gobierno.
“Son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin abordar los impuestos distorsivos estructurales que realmente obstaculizan la inversión, la producción y el empleo formal en Argentina”, advirtió la entidad bajo la presidencia de Ricardo Diab.
El comunicado también destacó que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las diversas tasas municipales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad.
